Roberto Israel Rodríguez Soriano * 
Los Inuit habitan el Ártico desde hace milenios, mucho antes de que sus tierras fueran llamadas Groenlandia -nombre que en danés significa “tierra verde”-. A lo largo del tiempo, estos pueblos indígenas desarrollaron complejas formas de adaptación frente a uno de los entornos climáticos más hostiles del planeta. Su organización social comunitaria y su relación con el territorio se sostienen en una ética de coexistencia con la naturaleza, radicalmente distinta de la lógica occidental de dominación.
A través de estas formas de organización social han tenido que hacer frente a constantes irrupciones coloniales europeas: primero, a las misiones y asentamientos daneses desde el siglo XVIII, y posteriormente a la incorporación imperial de Groenlandia como un territorio administrado por el Estado danés. Esta tutela colonial se ejerció bajo un discurso de protección, civilización y progreso, acompañado del despojo de su autonomía política, lingüística y territorial
Esta historia de subordinación, frecuentemente suavizada por el discurso del bienestar nórdico, constituye el trasfondo indispensable para comprender la vulnerabilidad —y también la resistencia— de los Inuit frente a nuevas ambiciones geopolíticas que, bajo ropajes distintos, reproducen viejas lógicas coloniales.
Los territorios inuit concentran importantes yacimientos de tierras raras —indispensables para baterías de autos eléctricos, turbinas eólicas y tecnología satelital—, así como reservas de uranio y enormes cantidades de agua dulce en forma de hielo. A ello se suma su ubicación estratégica en rutas marítimas clave para el tránsito entre América, Europa y Asia, lo que otorga ventajas militares y logísticas a las potencias occidentales.
De este modo, la disputa colonialista que Occidente mantiene sobre Groenlandia ha sido reducido a una cuestión de recursos naturales y control geoestratégico militar. Sin embargo, en ese proceso se oculta algo lo fundamental: el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre un territorio que las potencias occidentales continúan concibiendo como una reserva estratégica disponible.
Una de las estrategias centrales de los Inuit ha sido la apropiación del lenguaje del derecho occidental para erosionar el colonialismo desde dentro. En 1979 lograron la autonomía interna, que les permitió asumir el control de la educación, la salud, la cultura y otros asuntos locales. Posteriormente, en 2009, obtuvieron el reconocimiento explícito como un pueblo con derecho a la autodeterminación, conforme al derecho internacional.
Paralelamente, desarrollaron una resistencia eco-política relevante que les ha permitido oponerse a proyectos mineros de alto impacto ambiental, incluida la prohibición temporal o cancelación de la explotación de uranio. Estas decisiones se sostienen en argumentos jurídicos y políticos vinculados a la salud comunitaria, la preservación del territorio y los derechos indígenas.
Este proceso explica por qué las declaraciones provenientes de Estados Unidos —en particular durante el trumpismo— no deben entenderse como excentricidades diplomáticas, sino como la reactivación de una lógica colonial persistente. La idea de “comprar” Groenlandia expresa una racionalidad imperial que concibe los territorios indígenas como espacios negociables. Lo que hoy se disputa no es solo el acceso a recursos, sino la posibilidad misma de que un pueblo indígena decida sobre su territorio frente a las violencias coloniales del presente. En este sentido, la lucha de los Inuit se suma a una multiplicidad de luchas indígenas en distintas regiones del mundo por mantener su autonomía y la defensa de la naturaleza, otros modos de vida y sus territorios, allí donde el progreso occidental continúa imponiéndose como una nueva forma de despojo.
