El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Tegucigalpa, Honduras, su informe sobre el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres, ocurrido en 2016, en el cual concluye que el Estado tuvo conocimiento del plan criminal y no actuó para impedirlo.
El informe señala que “el asesinato de Berta Cáceres fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales, configurando un modus operandi sostenido en el tiempo”.
La ejecución de la defensora del territorio y medio ambiente “fue encomendada a un grupo profesional de sicarios contratados específicamente para poner fin a su vida y a su lucha social, entonces centrada en la denuncia del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
En 2016, Cáceres lideraba la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA, autorizada por el gobierno hondureño para construir una represa sobre el río Gualcarque, afluente considerado vital para la sobrevivencia del pueblo indígena lenca.
El asesinato de Cáceres “fue financiado con recursos del proyecto Agua Zarca, específicamente con los fondos desembolsados por bancos internacionales, principalmente el Centroamericano de Integración Económica y el de Desarrollo de los Países Bajos”, apunta el informe.
Se detalla que el 67% de los fondos del proyecto, unos 12.4 millones de dólares, fueron desviados por una red criminal ligada a la familia Atala Zablah, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de la defensora.
El GIEI señala que “los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples y diferenciados. Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de río Blanco y al río Gualcarque como espacio espiritual y cultural”.
El GIEI emitió recomendaciones para la reparación integral con medidas de cesación y restitución; de rehabilitación, de satisfacción y compensación; y con garantías de no repetición.
Entre ellas, la revocación definitiva del Proyecto Agua Zarca, la titulación y saneamiento del territorio ancestral lenca de Río Blanco, la disolución y liquidación de DESA, la depuración y acceso a archivos de inteligencia, la depuración institucional y control interno, así como la reforma y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección.
Descarga el informe del GIEI aquí.
