Cuando el gobierno mexicano dice que quiere consultar a los pueblos indígenas sobre sus derechos o territorios la pregunta que viene a la mente es: ¿Qué transa se traen ahora?
Durante muchos años, siglos, todos los gobernantes del territorio que ahora es México han creado leyes para legitimar su dominio sobre los pueblos originarios y sobre todo sobre sus territorios y las riquezas que ven en ellos y sobre las que creen que tienen derecho de despojo. Sea por intentos de exterminio, asimilación etnocida o folclorización, esa histórica estafa colonial había seguido una fórmula bastante simple: reconocimiento simulado, desplazamiento y olvido para apropiarse de lo que en los territorios y comunidades indígenas pueda convertirse en mercancía. Así fue desde las Leyes de Indias hasta la traición a los Acuerdos de San Andrés.
Pero ahora “ya no es como antes”, como dicen en la mañaneras del poder… digo, del pueblo. Ahora, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) lanza una presunta consulta, supuestamente “previa, libre e informada” sobre la “Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos” que, mientras en los hechos viola el Convenio 169 de la OIT, pone en cuestión: ¿Qué significa ser pueblo indígena? ¿Qué significa tener derecho a la autonomía? Pero que omite una pregunta fundamental ¿Quién tiene derecho a preguntar eso?
Esa última pregunta queda omitida porque la intención es cambiar la fórmula por una más perversa: contener a los pueblos originarios burocratizando su autonomía y controlar sus territorios convirtiendo sus sistemas de deliberación en reglamentos regulados por el mismo Estado del que se supone que son autónomos.
Más allá de los intereses extractivistas que seguramente hay detrás de esta estafa legislativa, hay además dos formas completamente distintas de entender a los pueblos originarios y a su autonomía. Mirados desde arriba, los indígenas son un problema a resolver, porque son comunidades que estorban al colonialismo y al capitalismo, porque no sólo habitan lugares que podrían ser convertidos en minas, basureros, proyectos inmobiliarios o centros de datos, sino que además se atreven a resistir para defender el territorio que habitan.
Mirando desde arriba consultar es un acto de benevolencia, de caridad, y como tal no requiere rigor jurídico ni ética política, puede resolverse entregando un folleto propagandístico, diseñado como se diseña algo cuando alguien que se asume superior explica algo a alguien que considera inferior. No es necesario traducir la iniciativa de ley a las lenguas originarias, ni dar tiempo a que la analicen a fondo en sus espacios de discusión colectiva, y mucho menos escuchar sus contrapropuestas, no, basta con entregarle el folleto a alguien de cada una de las 16,728 comunidades “catalogadas”, tomarle una foto y hacer que firme que su comunidad fue consultada. El remate es simular una asamblea, organizada a espaldas de la comunidad sede, como pretenden hacer en San Miguel Tzinacapan (Puebla), y probablemente llenarla con víctimas del chantaje que llaman “programas sociales”, para poder tomar otra foto y decir, “ahí estaban los indígenas en una tradicional asamblea en una comunidad claramente indígena”.
Mirados desde abajo, los pueblos originarios, los que se asumen como tales, lo son porque son uno con el territorio que habitan, con alegrías y dificultades, tomando lo necesario, porque si se toma de más, todo sufre, porque la superviviencia individual, colectiva y ecosistémica no son divisibles. La autonomía significa decidir bajo sus propios modos y formas de deliberar cómo vivir como pueblos y comunidades, cómo resistir a las amenazas que acechan, cómo encontrarse con otros pueblos y comunidades.
Mirada desde abajo, la autonomía de los pueblos indígenas se expresa en una Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en la que pueblos originarios de todo el país, unidos por los caminos del agua buscan formas de defender uno de los últimos ríos libres de México (el río San Pedro) y cómo detener la devastación de uno de los ríos más agredidos de México (el río Lerma-Santiago), o el control caciquil sobre el Río Xangá Ndá Ge, o la amenaza inmobiliaria sobre la Laguna del Barrio Cuarto en Mexquititlán, o la devastación cotidiana de los ríos Atoyac o Sonora, entre muchos otros. La autonomía de los pueblos la ejercen los pueblos, no se la preguntan a quienes desde el poder los desprecia y ataca.
Mirada desde abajo, la autonomía de los pueblos originarios se expresa en el baile, el teatro, el rap, la poesía o las palabras de lucha en el Caracol Jacinto Canek, en el territorio Zapatista. Sí, esos que han hecho de la autonomía una cotidianidad viva que resiste y se cuestiona a sí misma constantemente, que se organiza y reorganiza, no sólo para resistir, sino para vivir, para construir el común e imaginar el día después. Sí, ese territorio Zapatista, ese de las mujeres, hombres y otroas que hace más de tres décadas hicieron que el mundo mirara a los pueblos indígenas, incluyendo a muchos que ahora miran desde arriba y hablan de zapatismo como un hecho fugaz y extinto de la historia que sirve de nota breve en los libros de texto, o que ponen en su currículum “asesor del EZLN” como nota exótica para legitimar las atrocidades de las que ahora son cómplices.
Está claro que desde arriba consultar no es escuchar, sino otra forma de imponer. Desde abajo la autonomía no son reglamentos o burócratas diciéndole a los pueblos cómo deben deliberar lo que llevan siglos deliberando. Esta Ley significa domesticar la autonomía, pretende convertir la libertad, la autodeterminación en un nuevo trámite, en favores que puedan ser concedidos o denegados por los poderosos y al INPI en el nuevo Virrey de las Indias.
Ahí está la transa, una que de acuerdo con el calendario del mal gobierno el 13 de septiembre terminará de transar a los pueblos y comunidades que no logren identificarla como tal y que para convertir la transa en burla, pretenden que pase de iniciativa a Ley el 12 de octubre, el mero día que inició esa larga noche de 500 años.
