Tehuantepec, Oaxaca. En una de las regiones que el poder ambiciona por ser zona estratégica, en el estrecho al Golfo de México y al Pacífico, así como por su riqueza natural, sus caudalosos ríos de agua y sus montañas de minerales, el pasado 14 de agosto se desarrolló un hermanamiento, el Encuentro Interregional de Pueblos Chontales y Istmeños, cuyos territorios están en disputa por las grandes empresas y los magaproyectos.

“La expansión de proyectos de infraestructura vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el crecimiento de proyectos energéticos, las concesiones mineras, la presión sobre el agua y otros bienes comunes, así como diversos cambios en el marco jurídico e institucional han colocado los territorios comunitarios en el centro de disputas que rebasan el ámbito local y responden a dinámicas económicas y políticas de alcance nacional y global. Estos procesos representan nuevos desafíos para las comunidades, sus autoridades y sus asambleas”, dijo la moderadora, al inicio del encuentro.

La reunión fue en Tehuantepec, con la asistencia de más de 110 representantes de 19 comunidades, ocho autoridades comunitarias y 18 organizaciones y colectivos de los pueblos chontales y del Istmo de Tehuantepec, quienes dialogaron sobre las afectaciones de proyectos extractivistas y las acciones a seguir en ese territorio oaxaqueño.

Para introducir el diálogo, la moderadora recordó que en la mayoría de los casos las decisiones sobre el territorio se toman en espacios externos a las comunidades, “mientras que la información disponible resulta insuficiente o poco accesible para comprender los alcances de estos proyectos, evaluar sus posibles impactos y fortalecer la toma de decisiones desde las propias formas de la organización comunitaria. Sin embargo, los pueblos están haciendo trabajos”.

Al encuentro asistieron los que nunca se han cansado, viejos luchadores sociales del Istmo que encabezan una de las organizaciones más importantes, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), pero también muchas mujeres de lucha que cuando hablan demuestran su preparación política y su determinación de un legado de resistencia regional. Los jóvenes también llegaron acompañados de una de las primeras radios de la Chontal, Radio Jlijualay Tsomé (Cerros Chontales), que se ubica en Santa Lucía Mecaltepec, y estuvieron además Tequio Jurídico, la Asamblea del Pueblo Chontal, Casa Tequiana, el Comité de Regional de Mujeres Chontales, el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, la Universidad Autónoma Comunal, la Fundación Rosa Luxemburgo, el Observatorio Comunitario para el Cuidado de los Bienes Comunales del Istmo de Tehuantepec, y el Congreso Nacional Indígena.

La gravedad de la situación en los territorios indígenas fue expuesta y la necesidad de la vinculación también. El Encuentro Interregional de Pueblos Chontales y Istmeños surgió como una iniciativa conjunta de comunidades, organizaciones sociales, instituciones comunitarias y procesos de defensa territorial que comparten la convicción de que los desafíos actuales requieren fortalecer los vínculos entre pueblos, intercambiar experiencias y construir respuestas colectivas.

En los diversos foros de articulación en Oaxaca se denunciaron los múltiples conflictos y se alertó de los nuevos retos para defender la vida comunitaria y las amenazas a afrentar.

Las amenazas contra la vida comunitaria

Durante el encuentro se habló de la presión constante sobre los territorios y hogares en las comunidades para dar paso a la infraestructura del Corredor Interoceánico, la modernización de las vías férreas y carreteras, así como la instalación de parques industriales o “Polos de Desarrollo”.

Los habitantes denunciaron problemáticas como que el corredor eólico no beneficia a la población local, pues son frecuentes los apagones de luz y las fallas en el suministro de electricidad a las comunidades, mientras a las corporaciones como Walmart, Bimbo o Nissan, que se encuentran a kilómetros, nunca les falta.

Enfatizaron que los parques industriales también traerán contaminación y escasez de agua por el funcionamiento de los polos de desarrollo o de proyectos de Hidrógeno Verde, como el de la ciudad de Ixtepec, por parte de la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), con la que el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio.

Por su parte, los habitantes de Santa María Jalapa del Marqués denunciaron que la actividad minera subterránea de la empresa canadiense Gold Resource Corporation, que se ubica en San José Gracia, desecha residuos calizos y metales pesados como plomo, zinc, cobre y hierro en un arrollo que desemboca en la presa Presidente Benito Juárez, lo que afecta al pueblo de pescadores.

Al mismo tiempo, los pescadores indicaron que los peces como la mojarra tilapia han disminuido de tamaño por la actividad minera y el uso de pesticidas en el monocultivo de melón, que se encuentra a la orilla de la presa. Los habitantes alertaron que existen riesgos en la salud humana y en los animales porque el agua de la presa se distribuye a los canales de riego de Tehuantepec, Juchitán, Unión Hidalgo, San Pedro Huilotepec y San Mateo del Mar, entre otros pueblos. Esto genera preocupación por la salud humana y la contaminación de los cultivos y del ganado que bebe de estas aguas.

Otra de las denuncias expuestas fue de la comunidad del El Coyul, de San Pedro Huamelula, que enfrenta un conflicto agrario encarnado de violencia y despojo, donde personas ajenas asesoradas por abogados y en presunta complicidad con notarios, juzgados y ministerios públicos falsificaron documentos para despojar a comuneros originarios de mil 452 hectáreas, adquiridas legítimamente y legalmente desde 1972.

En 1972, relata el comunero de El Coyul, “nos organizamos. Era yo joven todavía, tenía 18 años, pero aún de esa edad por usos y costumbres, que hoy es normativo, nos relacionaron a ser ciudadanos del pueblo. Y fuimos ciudadanos y en ese entonces nos organizamos en una sociedad agrícola ganadera. Por nombre le pusimos El Coyul. Una de las personas que vivían en el pueblo era terrateniente, poseía más de 2 mil hectáreas de terreno y decidió vender más de la mitad, y nosotros como ciudadanos del Coyul nos organizamos y decidimos comprarla. Compramos ese territorio de mil 452 hectáreas”.

Los despojadores, expuso, destruyen los manglares y selva para venderlos, pues se encuentran a la orilla de la playa, un territorio muy valorado, y mencionó que incluso hombres armados resguardan el lugar, lo que ocasiona miedo en la población.

Los comuneros de El Coyul acusaron que han sido criminalizados con una carpeta de investigación en su contra, por el supuesto delito de invasión de derechos de vía y despojo. Tres comuneros fueron injustamente sentenciados a 15 años de prisión y una multa de 55 millones de pesos, la cual fue revocada por una apelación.

En el encuentro también se denunció que la Secretaría de Marina y las fuerzas armadas han tomado el control de la seguridad en el Istmo, sustituyendo el poder civil. Se denunciaron agresiones físicas, verbales y hostigamiento directo de la Marina hacia los manifestantes en campamentos de resistencia, como en el ejido Mogoñé Viejo.

Se alertó que el Istmo de Tehuantepec sufre un incremento drástico de la violencia y se expuso el ejemplo de Juchitán, que ocupó el primer lugar nacional en homicidios y donde el crimen organizado actúa como un actor de control territorial que se superpone a la militarización del Estado.

Otra de las preocupaciones que se expusieron fue el paulatino desarraigo de las juventudes a la identidad, pues comentaron que las Universidades Tecnológicas impulsadas por el gobierno están educando para las empresas y desarraigando de la vida comunitaria y agrícola.

Al mismo tiempo, señalaron que la soberanía alimentaria se encuentra en una paulatina desaparición, ya que el maíz criollo y de múltiples colores se están acabando debido a que los granos transgénicos y agroquímicos erosionan la tierra.

Entre los temas más discutidos se encontró la proliferación descontrolada de palenques de mezcal, que ha provocado una tala masiva de árboles verdes para obtener leña, dañando gravemente el ecosistema local. Además, la caída del precio del maguey ha dejado pérdidas económicas a los productores.

Sumado a las problemáticas, los pueblos rechazaron la consulta sobre la iniciativa de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ya que consideraron que es una farsa diseñada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Se pretende que las comunidades analicen y aprueben un documento complejo de más de 450 artículos en sesiones de apenas tres horas, sin información previa y sin respetar los tiempos, lenguas y formas organizativas de los pueblos.

Nuestra defensa comunitaria

Una de las propuestas más mencionadas fue la de ofrecer información, acompañamiento jurídico y manuales de defensa herramientas jurídicas comunitarias, así como el fortalecimiento de la asamblea comunitaria, de la vida comunitaria y sobre todo de la articulación entre más regiones del Estado.

También propusieron campañas traducidas a las lenguas indígenas, concientización utilizando estrategias pedagógicas y cambiar lo abstracto por lo concreto. Utilizar el aire como medio de comunicación, impulsar las Radios Comunitarias e informar sobre los impactos sociales, ambientales y comunitarios de los proyectos de desarrollo, así como desnormalizar la cultura de la militarización.

Acordaron impulsar la Fiesta de la Resistencia, la algarabía comunitaria, el intercambio de semillas, el trueque y compartir los saberes para fortalecer la identidad y la soberanía alimentaria.

Finalmente, reafirmaron su respaldo a las comunidades de la región que están siendo acosadas y despojadas de sus territorios.

La tarea, dijeron, “es ver las propuestas y encontrar el común en la lucha”, que es “una tarea posible, alcanzable, realizable” para buscar “una mirada más amplia, una mirada a nivel nacional, global, y explicarnos por qué hay tantas disputas de nuestros territorios, en el istmo y a nivel nacional”.

“Ellos nos miran como zonas de sacrificio, de saqueo, tránsito de mercancías bajo el control militar y del crimen organizado”, acusaron. Frente a ello, sin duda, el compromiso de las mujeres, hombres, pueblos y comunidades poco a poco se hará sentir en la resistencia.